Después de haber amagado más de una vez con dar el paso, parece que Estados Unidos, secundado por Canadá y Argentina, se ha decidido a iniciar la batalla de los transgénicos, al haber pedido ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) el inicio de consultas relativas al proceso vigente en la Unión Europea (UE) para autorizar nuevos Organismos Modificados Genéticamente (OMG).

Estados Unidos es el primer productor mundial de OMG –fundamentalmente soja, maíz, algodón y tabaco-. A este puesto le han aupado tanto su legislación permisiva como su liderazgo tecnológico. La UE, con una normativa y una actuación administrativa mucho más restrictiva, mantiene desde 1999 una moratoria sobre la autorización de nuevos productos, con la justificación formal de que necesita poner a punto primero un marco institucional que recoja las preocupaciones sanitarias, ambientales y éticas de los ciudadanos comunitarios, muchos de ellos, según las encuestas, contrarios a estos productos. Las bases de este nuevo marco se han sentado con la Directiva 2001/18/CE (sucesora de la Directiva 90/220), pero las propuestas de julio de 2001 de la Comisión para completarla (en temas importantes como trazabilidad, etiquetado y procedimiento de autorización) mantienen la oposición de algunos países a conceder de nuevo autorizaciones.

Los representantes comerciales norteamericanos vienen quejándose desde entonces de los daños que esta política inflige a sus exportaciones, en especial de maíz. No es posible saber hasta que punto ha sido el aumento de este malestar, el nuevo escenario internacional abierto tras la guerra de Irak o la reciente petición de muchos países africanos receptores de ayuda alimentaria a los países donantes para que no les envíen OGM lo que ha impulsado a la Administración Bush a llevar el caso al procedimiento de consultas de la OMC, primer paso para iniciar una demanda comercial en toda la regla contra la UE, pero lo que sí es seguro es que abre un nuevo frente en el flanco agroalimentario de la UE, uno de los tradicionalmente más castigados en la esfera internacional como consecuencia del apoyo que brinda la PAC a la agricultura europea. Si en esta etapa preliminar no se llega a un acuerdo, la demanda será examinada por un panel, especie de tribunal independiente que deberá dictaminar si la normativa comunitaria es o no compatible con los acuerdos que rigen el sistema multilateral de comercio administrado por la OMC.

Aunque aún es pronto para aventurar lo que va a ocurrir, dadas las posiciones de partida es improbable que se llegue a un acuerdo en la fase recién iniciada, en cuyo caso se constituiría el panel citado para determinar si las medidas cautelares de la UE tienen o no una justificación científica, es decir, si como sostienen algunos grupos sociales y políticos comunitarios los OMG suponen riesgos para la salud de las personas o el medio ambiente. Los antecedentes para la UE no son los más halagüeños: de no presentar evidencias científicas incontrovertibles, podría repetirse la condena por la prohibición comunitaria de importar carne procedente de animales criados con hormonas en Canadá y Estados Unidos; al no encontrarse compatible el citado embargo con el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y no estar dispuesta a levantar la citada prohibición a las importaciones, la UE se ha visto obligada a aceptar sanciones comerciales por parte de Estados Unidos. En la actualidad, la posición mayoritaria en la comunidad científica es que los transgénicos no son perjudiciales para la salud humana, con algunas excepciones referidas a determinados tipos de alergias, aunque mantiene reservas sobre los efectos sobre las plantas, los animales y el medio ambiente en general.

Otro punto de discusión es el etiquetado obligatorio que la UE impone a los productos que contienen material transgénico por encima de un determinado umbral y al que Estados Unidos también se opone, al considerarlo una barrera técnica e injustificada al comercio incompatible con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. En este asunto el dictamen no es sencillo. El criterio que en general ha prevalecido en otros casos es que se pueden regular aspectos relacionados tanto con las características del producto como con las características del proceso productivo que influyen en las del producto, pero no con las que no lo hacen, lo que dificulta un etiquetado obligatorio basado en la mera manipulación genética del producto. Por otro lado, si científicamente se considera que un producto transgénico es “equivalente“ al producto convencional en cuestión, también se debilita la base para mantener un sistema de etiquetado obligatorio basado en la presencia de ADN manipulado genéticamente.

De no producirse un vuelco espectacular en las posiciones actuales -y nada hace pensar en ello tras conocer las primeras reacciones comunitarias y los antecedentes con los que se presenta Estados Unidos, que ni siquiera ha ratificado el Protocolo de Bioseguridad – es previsible que estemos a las puertas de un conflicto largo y complejo, sin duda uno de los más difíciles que hasta ahora ha tenido que dilucidar la relativamente joven OMC.

Los OGM tienen dimensiones que van más allá de los aspectos puramente económicos que caracterizan a la mayor parte de los conflictos comerciales. Su valor simbólico atañe a valores éticos relacionados con la forma de concebir la manipulación genética a un lado y otro del Atlántico. Todo ello va a poner en juego la capacidad de los Acuerdos actuales de la OMC para resolver problemas comerciales relacionados con preocupaciones no comerciales de los ciudadanos y va a influir en las actuales negociaciones de la Ronda del desarrollo de Doha, que por otra parte están avanzando con mucha dificultad.