En los orígenes del proyecto de Eupharlaw sobre “El Derecho a la Información en Salud Alimentaria – DISA®”, definimos la información alimentaria como “aquella que nace de la industria fabricante o comercializadora, y es supervisada por las Agencias de Seguridad Alimentaria, Europea y Nacionales”.

Hoy, cuatro años después, podríamos ampliar el concepto, y afirmar que, actualmente, información alimentaria es “aquella que emana de la industria fabricante o comercializadora, supervisada por las Administraciones Sanitarias y sistemas de autocontrol publicitario, y transmitida por los profesionales sanitarios y no sanitarios, en el marco de su actividad”.

De este modo lo hemos plasmado en la monografía del mismo título “El Derecho a la Información en Salud Alimentaria – DISA”, presentada el pasado mes de febrero en Madrid.

Una monografía plural en la que ocho autores hemos analizado los diferentes aspectos de la información sobre alimentos, en aras del derecho de los ciudadanos a una información correcta, adecuada y veraz sobre los mismos, para poder decidir con autonomía sobre su consumo. La total garantía de este derecho requiere, asimismo, que todos los agentes implicados en la transmisión de esta información en salud alimentaria sean responsables de la información que proporcionan a los ciudadanos. Una responsabilidad que les será exigida en caso de que se produzcan daños a la salud, pero que deberían tener presente mucho antes para que no tuvieran que producirse tales daños.

La monografía aborda, además, otros aspectos del derecho a la información en salud alimentaria, como la comunicación de riesgos alimentarios por parte de las instancias públicas, la importancia de la información en la prevención de problemas relacionados con la alimentación -como la obesidad-, la necesidad de incluir la información alimentaria en las políticas y programas de educación para la salud, la necesidad de conocer lo que comemos para poder disfrutar de una dieta sana y equilibrada, y el nuevo escenario que plantea el recientemente aprobado Reglamento europeo sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, aplicable en toda Europa a partir del 1 de julio de 2007.

En definitiva, en el proyecto DISA no quisimos ni queremos ceñirnos únicamente a la faceta jurídica que, indudablemente, tiene el hecho de plantear el derecho de los ciudadanos a la información en salud alimentaria. Perseguimos enriquecer el enfoque con otras visiones, aportadas de forma espléndida por todos los autores del libro, profesionales de distintos ámbitos pero vinculados por el trabajo en favor de la salud alimentaria.

Tampoco quisimos centrarnos en la “seguridad alimentaria”, objetivo principal en el sector alimentario hasta hace poco tiempo; es decir, que el alimento no provoque daños a la salud por problemas de composición, conservación o manipulación.

Actualmente, que el alimento sea “seguro” sigue siendo la prioridad, pero se añade otro componente, el de la “salud alimentaria”. En los países desarrollados, las necesidades básicas de alimentación y nutrición de la población están cubiertas, por lo que se pasa al siguiente nivel: los alimentos deben preservar e, incluso, mejorar nuestra salud. Por eso planteamos en el libro que la responsabilidad alimentaria de los agentes involucrados, no se reduce a que los productos no sean “dañinos” per se, sino que la publicidad que se proporciona sobre los productos alimenticios tampoco cause daño ni a la salud ni al bolsillo del ciudadano, por ser engañosa. Creemos que debería proporcionarse más información y menos publicidad.

Este nuevo contexto es el que ha provocado la necesidad de un cambio en las exigencias legales, de modo que aquél que quiera declarar que su producto tiene efectos beneficiosos sobre la salud deberá demostrarlo. Partiendo siempre de la base de que el Reglamento europeo no obliga a formular estas declaraciones, sino que permite hacerlo al que pueda y quiera probarlo.

El marco normativo y ético existente es suficiente para garantizar el derecho a la información alimentaria y la protección de la salud. El problema es que la normativa no se cumple. Las actuaciones de todos los agentes del sector deberían ir encaminadas a la aplicación efectiva de las normas y el sentido común, y no a medidas que, aunque escritas con grandes palabras, quedan en papel mojado.

Hay una cuestión importante que todos parecemos olvidar: trabajemos donde trabajemos, sea cual sea nuestra posición o nuestro papel, todos somos ciudadanos y todos necesitamos alimentarnos, por lo que nuestros actos, nuestras decisiones profesionales, siempre tendrán consecuencias para nosotros mismos y para nuestros hijos, además de para el conjunto de la sociedad.

Se hace imprescindible, por tanto, diferenciar entre “publicidad” (únicamente aspectos positivos para aumentar las ventas) e “información” (elementos tanto positivos como negativos) que es la única que puede permitir al ciudadano -a cada uno de nosotros- decidir con autonomía.

El elemento clave para ello es la información, que tiene que ser correcta, adecuada y veraz. “Correcta” por cuanto no contenga datos erróneos, “adecuada” porque debe ser suficiente (no excesiva) y ser comprensible para el destinatario, y “veraz”, evidentemente, porque no lleve a engaño.

Evidentemente, las empresas deben buscar su beneficio, pero deben ser conscientes de que éste va inevitablemente ligado al beneficio de los ciudadanos a los que se dirigen. Si somos capaces de establecer los cauces para que los intereses empresariales y los de la sociedad caminen juntos, podríamos construir un futuro alimentario mejor del que hoy conocemos. Es fundamental para la industria alimentaria contar con la confianza del ciudadano y para ello, la información y la honestidad a la hora de ofrecer productos que satisfagan sus necesidades es el camino a seguir.